Este miércoles 22 de abril, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a sus organizaciones miembro, llevaron adelante un cese de prestaciones con movilización al Ministerio de Salud de la Nación, sobre la Avenida 9 de Julio.
Centenares de personas con discapacidad, organizaciones, instituciones prestadoras, profesionales, familiares y legisladores nacionales participaron de la jornada para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector.
La acción se replicó en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Rosario, La Pampa, Salta, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Provincia de Buenos Aires y diversos puntos del país.
Durante la movilización se expuso la situación crítica que enfrentan los prestadores, marcada por un importante atraso en los pagos del programa Incluir Salud —destinado a personas con pensiones no contributivas—, con deudas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026. Si bien las autoridades se comprometieron a saldar esta deuda, los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, dificultando el cumplimiento de obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores.
Asimismo, se señaló que el retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un fuerte deterioro en todo el sistema, afectando a prestadores, trabajadores y personas con discapacidad. Actualmente, los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones.
En este marco, el sector exigió:
- La actualización inmediata de los aranceles en un 40%.
- La garantía de un esquema de pago mensual regular.
También se denunció la persistencia de graves deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios de Incluir Salud, una problemática que se ha profundizado en los últimos meses y que aún no ha recibido respuestas concretas por parte de las autoridades.
Por otra parte, durante la jornada se manifestó el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Desde el Foro se cuestionó especialmente la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido fraudulento, señalando la ausencia de pruebas que sustenten dicha acusación.
En este sentido, se remarcó que el acceso a pensiones por parte de personas con discapacidad en situación de pobreza responde a una realidad estructural del país, caracterizada por altos niveles de pobreza sostenidos durante más de dos décadas, con impacto directo en la salud, el desarrollo y el acceso a derechos básicos.
Asimismo, se expresó preocupación por las medidas incluidas en el proyecto, entre ellas:
- La posible exclusión de personas en situación de pobreza del acceso a pensiones.
- La incompatibilidad entre pensión y empleo formal.
- La eliminación del arancel único, lo que podría afectar la equidad en el acceso a las prestaciones.
- El riesgo de desarticulación del sistema único de prestaciones básicas, vigente desde hace casi 30 años.
Durante la movilización, el Foro presentó un petitorio en la mesa de entrada del Ministerio de Salud, dirigido al ministro Mario Lugones, en el que se detallan los principales reclamos del sector.
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