La medida apunta a controlar el acceso a terapias y tratamientos y medir los trayectos y traslados con acompañantes terapéuticos. Tanto familiares como trabajadores advierten que es persecutorio y que implica controlar sólo a beneficiarios y prestadores, cuando la Superintendencia de Servicios de Salud debería regular a obras sociales y prepagas.
Se trata de la Resolución 2484/2023, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el 7 de diciembre pasado. Es decir, el último día hábil del gobierno saliente. La normativa lleva la firma de Daniel Alejandro López, responsable del área durante la gestión anterior, ya reemplazado por el abogado Enrique Rodríguez Chiantore, cercano a Patricia Bullrich.
“Hemos hecho pública nuestra solicitud de derogación urgente de esta resolución porque marca una imposibilidad de acceso a las personas con discapacidad. Por distintos factores que tienen que ver básicamente con la cuestión socioeconómica y problemas de accesibilidad en relación al dispositivo que requeriría”, dijo Eduardo Maidana, secretario de AIEPEsA, entidad civil que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. “El doctor López en su último día hábil de gestión firmó esta resolución. Estamos esperando desde el Foro que conformamos que nos den una reunión las nuevas autoridades de la SSS para plantear esta grave situación, que es restrictiva y claramente lo que hace es cercenar derechos”, advirtió.