El Arzobispado de Córdoba, a través de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral de la Salud, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y acompañó el reclamo de prestadores, profesionales, organizaciones y familias que denuncian una crisis que compromete derechos fundamentales.
La postura fue dada a conocer luego de una reunión realizada el 23 de junio en la sede del Arzobispado, de la que participaron representantes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CADEPRIS), organizaciones sociales, referentes institucionales y familiares de personas con discapacidad.
Durante el encuentro se analizó la situación del sector y se advirtió sobre el impacto que generan los atrasos en los pagos del programa Incluir Salud, las dificultades para afrontar salarios y aguinaldos, las nuevas exigencias administrativas sin financiamiento y el incumplimiento de los mecanismos de compensación previstos para los prestadores.
En ese marco, los participantes señalaron que la problemática ya excede el plano económico y constituye una vulneración de derechos humanos. Además, reclamaron al Estado la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad y sostenibilidad de las prestaciones, así como la apertura de instancias de diálogo para encontrar soluciones de corto y mediano plazo.
Del encuentro participaron integrantes de la comisión directiva de CADEPRIS, representantes de la organización Converger y la ex subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud de Córdoba, Marité Puga.
Al finalizar la reunión, los asistentes acordaron mantener nuevos encuentros para dar seguimiento a los reclamos y coordinar acciones conjuntas de visibilización frente a la crítica situación que atraviesa el sector.