El Ministerio de Salud publicó en el Boletín Oficial la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a un día de finalizar el mes de febrero, mediante la Resolución 340/2026.
La norma establece un incremento del 5,78 % para el mes de febrero, sin distinción por tipo de prestación, y reconoce un adicional del 20 % por zona desfavorable únicamente para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.
El aumento otorgado resulta insuficiente y se encuentra calculado sobre una base errónea y desactualizada, por lo que no da respuesta al espíritu ni a los objetivos de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Asimismo, la compensación prevista por dicha ley para cubrir la diferencia entre la inflación y los incrementos arancelarios fue reconocida por el Estado en apenas un 10,5 %, cuando el atraso real estimado por los prestadores asciende al 27,79 %.
La publicación tardía de la resolución, sumada a aumentos que no alcanzan a cubrir los costos reales del sistema, pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Sin un financiamiento adecuado, los derechos no pueden ser garantizados.