Desde Aiepesa celebramos la publicación de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante la cual se deroga la Resolución 187/2025, que establecía un baremo médico para evaluar el acceso a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
El instrumento ahora anulado implicaba un serio retroceso en términos de derechos humanos, ya que aplicaba un enfoque médico y clínico para determinar la condición de las personas con discapacidad, sin considerar las barreras sociales ni la necesidad de apoyos adecuados, como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La discapacidad no puede definirse exclusivamente desde parámetros médicos. No existen personas “inválidas” para trabajar: todas tienen derecho a la inclusión laboral si se eliminan los obstáculos del entorno. Por eso, toda política pública debe centrarse en remover barreras y garantizar apoyos, en lugar de clasificar según diagnósticos.
Celebramos la eliminación de términos y categorías discriminatorias en normativas oficiales, y reafirmamos que la dignidad, la igualdad y la autonomía deben guiar todas las acciones del Estado.