“Si el Gobierno decide avanzar con el decreto, se perdería el derecho conquistado por nuestro colectivo y por las familias a una cobertura de salud digna”, describió la situación en diálogo con Página/12 Eduardo Maidana, miembrodel Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para Maidana, “lo que puede terminar sucediendo es que los prestadores discriminen entre quiénes pueden pagar y quiénes no, entre el que tiene determinada prepaga y el que tiene la cobertura del Estado, generando personas con discapacidad de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo a qué cobertura tengan”.