“Es ridículo y sin sentido que se le otorgue la potestad de definir los aranceles a la misma entidad que los va a abonar. Hoy, los aranceles profesionales tuvieron una actualización anual del 45% y los transportistas tienen un retraso del 100%. En la práctica, en el día a día de las familias, eso significa que el centro o el profesional deje de atender. O, como ya está pasando, que no transportan porque no cubren la nafta”, señala Molero. En total, afirma, esta medida afectaría a unas 200.000 personas con discapacidad y a más de 150.000 prestadores. Se estima que en el país hay más de un millón de personas con discapacidad, pero no todas requieren este tipo de prestaciones.