El miércoles 29 de mayo, a las 11 horas en la Residencia de Olivos y en distintos puntos del país en simultáneo, se llevaron a cabo manifestaciones para frenar con el decreto que pretende destruir el Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad. Se estima que, en la Quinta presidencial, estuvieron presentes más de 10 mil personas.
En Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucuman, Salta, Chaco y más puntos del país, miles de personas se movilizaron unidos en un solo reclamo: BASTA DE AJUSTES EN DISCAPACIDAD.
Concurrieron representantes de instituciones que prestan servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas, hogares y centros de día; también personas con discapacidad, profesionales, familiares, medios de comunicación y la comunidad en general.
Hoy, las personas con discapacidad, acceden a los mismos servicios independientemente de la cobertura de salud que posean. Estas PRESTACIONES están contempladas en la Ley 24.901 y tienen una COBERTURA TOTAL.
El decreto avanza y ya está con dictamen firmado el 24/05/2024 por la Secretaría de Legal y Técnica. Ahora solo resta la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Alberto Francos y el Sr. Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei.
¿Por qué es importante frenar con esta medida? Porque la iniciativa gubernamental plantea que YA NO HABRÁ UN NOMENCLADOR ÚNICO, sino que pasaría a HABER ARANCELES de PAMI, INCLUIR SALUD y otros de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Esto significa un retroceso en los derechos adquiridos del colectivo de discapacidad. Antes de la Ley 24.901, las instituciones no podían cubrir sus costos con las obras sociales, de aprobarse esta medida, el sector en su conjunto teme que vuelva a suceder.
El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Adrían Molero, entregó en la Residencia de Olivos una carta al Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, solicitando que desestime el decreto.
Las prestaciones a las que acceden 200.000 personas con discapacidad y más de 150.000 puestos de trabajo están en riesgo. De efectivizarse el decreto, nos preguntamos: ¿Los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accederán a las prestaciones? ¿Recibirán la misma calidad de servicio?, la historia pre Ley 24.901 nos indica que no será así, por eso, desde el FORO, nos mantenemos en estado de alerta e invitamos a medios de comunicación, periodistas y a la sociedad argentina en su conjunto a acompañarnos y exigir juntos el cese de esta medida.