Desde 1998 los servicios de salud y educación para la población con discapacidad se rigen por un sistema, que establece estándares en la calidad de las prestaciones y fija montos iguales para todos los profesionales. Un proyecto de decreto presidencial pone en jaque este funcionamiento y organizaciones de la sociedad civil alertan que podría generar graves perjuicios si se publica.
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