El viernes 10 de mayo, se filtró una resolución que saldría esta semana que programa la desregulación del nomenclador nacional de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad que fija aranceles al sistema de atención a personas con discapacidad.
¿Qué significa esto?
Hoy existe un NOMENCLADOR NACIONAL que determina las prestaciones y servicios en discapacidad con su correspondiente arancel. Este nomenclador actualiza sus valores a través de las reuniones del Directorio de Prestaciones Básicas.
El Directorio está integrado por representantes gubernamentales – que son mayoría – y representantes de organizaciones prestadoras – que son minoría, por lo tanto a los aumentos cuando no existe una apertura al diálogo respecto de los costos de las prestaciones, los termina fijando siempre el gobierno/administración vigente y los funcionarios de turno-.
El documento que circula proyecta que ya NO HABRÁ UN NOMENCLADOR ÚNICO, sino que pasaría a haber distintos aranceles de: PAMI, Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La gravedad radica en que ya no existirá un nomenclador único, sino que CADA UNO DE ESTOS ENTES TENDRÁ SU PROPIO VALOR DE PRESTACIONES, produciendo categorías injustas según sean afiliadas a PAMI, Incluir Salud u Obras Sociales Nacionales. Generando DESEQUILIBRIO, en manos de cada entidad, que trazará los valores de su nomenclador y que agravaría aún más el actual desfinanciamiento que padecen los servicios.
Según el borrador que han hecho circular desde los organismos, la SSSalud sería la encargada de pautar los valores que deberían pagar las Obras Sociales Nacionales y prepagas. ¿Por qué esto es grave? porque es bien sabido que históricamente los SINDICATOS han “gestionado” la SSSalud y tienen injerencia en mucho de lo que allí sucede.
Desde hace mucho tiempo los sindicatos advierten públicamente que el “gasto” en discapacidad es muy grande y que se debe reducir. Por ello, proponen, entre otras cosas, dejar de pagar las prestaciones EDUCATIVAS aduciendo que no son del ámbito de la salud siendo incluidas las prestaciones de Educación Especial, de Inclusión Educativa, los Centros Educativos Terapéuticos, los Centros de Día y el transporte.
En definitiva, si sale esta resolución, la SSSalud podrá plantear sus propios valores, que son los que las obras sociales deben pagar y allí podremos ver cómo van a comenzar a hacer un gran ajuste en los valores de su nomenclador. Además, las Prestaciones Individuales corren riesgo de pasar al Programa Médico Obligatorio (P.M.O.) que implica un valor que representa el 25% de lo que hoy se paga.
Asimismo, el borrador plantea cambios en la conformación del Directorio, formas de elección y permanencia de los integrantes y determina qué prestaciones se incluyen o quitan.
El proyecto de decreto determina 14 representantes gubernamentales y 2 de la sociedad civil demostrando la arbitrariedad de la medida.
Por todo lo mencionado, la situación es GRAVÍSIMA y pone al sector en ESTADO DE ALERTA.
Estamos frente a un posible ajuste que no sólo hace que los valores vayan por detrás de la inflación, sino que DESARMA EL SISTEMA para que cada financiador pueda ajustar como le parece.
Esta posible realidad impactará tanto en las prestaciones de instituciones como a los prestadores independientes.
Llamamos al Gobierno Nacional y a sus funcionarios, que de ser cierto el documento filtrado este viernes, lo den de baja de manera inmediata. No podemos permitir que se sigan avasallando los derechos de las personas con discapacidad, las instituciones y trabajadores del sector.
Esperamos una favorable respuesta y una contundente negación de este documento.