A ese reclamo se sumó una preocupación concreta por la continuidad de la cadena de pagos. Desde AIEPESA, entidad civil que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, advirtieron sobre la demora en la transferencia de fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud y ARCA a las obras sociales, destinados al pago de las prestaciones. El sector reclama que primero se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa vigente antes de reemplazar la emergencia por un régimen permanente.
