A un año de la sanción de la Ley N.° 27.793, la actualización integral del sistema continúa pendiente. Entre los principales reclamos se encuentran la falta de un estudio de costos por parte de la SENADIS para determinar aranceles acordes a la realidad, las demoras en los pagos a prestadores y la ausencia de respuestas estructurales para el sector.
En este contexto, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló: “Nosotros estamos haciendo nuestro propio relevamiento de costos, pero es la SENADIS la que tiene que hacerlo y no lo hace.”