El jueves 12 de febrero de 2026, a las 13:30 horas, se reunió el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a la convocatoria cursada oportunamente.
La sesión fue presidida por el Dr. Alejandro Alberto Vilches, Presidente del Directorio y Secretario Nacional de Discapacidad, y contó con la participación de representantes de organismos nacionales, de la sociedad civil y de COFEDIS.
Estuvieron presentes:
- Dr. Alejandro Alberto Vilches, Presidente del Directorio y Secretario Nacional de Discapacidad.
- Dr. Claudio Adrián Stivelman, en representación de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
- Dra. Sol Pérez Lozano, en representación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
- Lic. Gianfranco Scigliano, Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos.
- Dr. Esteban Rafael Giler, Subsecretario de Políticas, Acceso y Apoyos.
- Cdor. Pedro Miguel Insausti, en representación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
- María Julieta Jaime, en representación de la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
- Prof. Daniel Lipani, en representación de la sociedad civil.
- Pbro. Pablo Molero, en representación de la sociedad civil.
- Paola Pedroza, en representación de COFEDIS.
Durante la reunión se trataron los puntos incluidos en el orden del día: la compensación económica de emergencia para prestadores, prevista en el artículo 13 de la Ley 27.793, y la actualización del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas.
Compensación de emergencia para prestadores
En relación con la compensación de emergencia para prestadores, se informó que, una vez cumplidos los diez (10) días establecidos por la reglamentación, se dará a conocer la normativa específica que indicará el procedimiento para la presentación de la declaración jurada a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD).
A partir de la publicación de dicha normativa, los prestadores contarán con un plazo máximo de sesenta (60) días corridos para el ingreso de los trámites vinculados a la compensación de emergencia.
Este plazo fue puesto a consideración del Directorio y aprobado por unanimidad.
A continuación, los representantes de la sociedad civil realizaron una serie de consultas, las cuales fueron respondidas por las autoridades competentes. El Directorio tomó conocimiento de lo expuesto y acordó continuar con el seguimiento del proceso de implementación, facultando a las áreas competentes a efectuar los ajustes operativos que resulten necesarios.
Actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas
En relación con el segundo punto del orden del día, se presentó la propuesta de actualización del Nomenclador para el mes de febrero de 2026, consistente en un incremento del CINCO CON SETENTA Y OCHO POR CIENTO (5,78 %), sin diferencia por tipo de prestación.
El porcentaje propuesto fue calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, y se encuadra dentro de los parámetros resultantes de la aplicación de metodologías de cálculo lineal y compuesta.
Asimismo, se propuso que, a partir del mes de marzo, la actualización de los aranceles sea automática y mensual, conforme al IPC del mes anterior. Se planteó, en ese marco, la prescindencia de las reuniones mensuales del Directorio.
Durante el debate, representantes de la sociedad civil expresaron su oposición a la propuesta, señalando objeciones vinculadas al cumplimiento de la Ley 27.793 y a resoluciones judiciales vigentes. Las autoridades presentes realizaron las aclaraciones correspondientes.
Puestas ambas propuestas a consideración —la actualización del Nomenclador y la actualización automática de aranceles—, las mismas fueron aprobadas por mayoría simple, con los votos negativos de Pablo Molero y Daniel Lipani.
Es lamentable que el gobierno no cumpla con la ley, es un claro ejemplo de la falta de compromiso que perjudica gravemente a las personas con discapacidad.
Este aumento es insuficiente y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios, reduciendo drásticamente la calidad de los servicios, limitando el acceso a las terapias y tratamientos esenciales.
Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y cumpla con sus obligaciones.