Aiepesa estuvo presente en la reunión informativa de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional Daniel Arroyo, como organización miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el encuentro, los legisladores escucharon a representantes de organizaciones y referentes del sector, quienes expresaron su profunda preocupación por el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla un fuerte ajuste en las partidas destinadas a prestaciones y pensiones para personas con discapacidad.
En representación de Aiepesa, Daniel Lipani, vicepresidente de la entidad y representante ante el Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por los prestadores, destacó:
“Los números no cierran. Hay que prestar mucha atención, sobre todo frente a un organismo —en referencia a la ANDIS— que ha tenido desvíos serios.”
Lipani subrayó además que, a lo largo de los años, la discusión presupuestaria en materia de discapacidad se repite sin resolver los problemas de fondo:
“Hace 27 años que seguimos escuchando la misma discusión. Siempre, desde la Superintendencia de Servicios de Salud y desde quienes administran las obras sociales y prepagas, se plantea la misma pregunta: ¿de dónde sale el dinero?
El dinero sale de las recaudaciones, de cajas específicas. El dinero existe. Puede ser mucho o poco, pero es una decisión política definir en qué se aplica. Fue una decisión política transferir 1.400 millones a las cerealeras —y ni siquiera llegó a los productores rurales—, pero no hay dinero para discapacidad.”
Por su parte, Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa, señaló que el Presupuesto 2026 no cumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad, y advirtió sobre las consecuencias que ello puede tener en el acceso a derechos y servicios:
“La Ley 24.901 ha sido fundamental para que las personas con discapacidad dejen de ser consideradas sujetos de asistencia y sean reconocidas como sujetos de derecho. Eso es lo que estamos defendiendo, y eso es lo que debe proteger el presupuesto nacional.”
Maidana explicó que solo el 26% del total del gasto en discapacidad destinado a prestaciones proviene del Estado nacional, y que el monto representa apenas el 0,01% del PBI.
Durante su exposición, también compartió la carta de una madre de un hombre con discapacidad de 35 años, que perdió su cobertura de Incluir Salud por un error administrativo de la ANDIS, un caso que refleja las consecuencias concretas de la falta de políticas públicas sostenidas y del desfinanciamiento del sistema.
