Los funcionarios aseguran que habrá novedades recién después de las elecciones legislativas en una clara maniobra de dilatación.
El viernes 17 de octubre, a las 10:00 hs, nos movilizamos a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Dragones 2200, CABA). Personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y prestadores en general nos concentramos para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el aumento de aranceles y el pago de las compensaciones atrasadas que la normativa establece.
Durante la jornada, junto a las organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, intentamos entregar una nota dirigida al interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Alberto Vilches, con los principales reclamos del colectivo. Sin embargo, se negaron a recibirla. Ante esta situación, nuestro coordinador, Pablo Molero, se comunicó telefónicamente con Vilches, quien respondió que no la aceptaría porque “no trabaja bajo presión”.
🔹 Cronología del destrato
El jueves 16 de octubre, apenas un día antes de la movilización, el Dr. Vilches había convocado a una reunión del Directorio que luego suspendió invocando “fuerza mayor”.
Una muestra más de la dilación, el desinterés y el abandono hacia un sector que atraviesa una profunda crisis.
A pesar de ello, mantuvimos firme la convocatoria. Por la mañana del viernes, centenares de personas se hicieron presentes frente a la Agencia. En ese contexto, el coordinador del Foro intentó entregar el petitorio al recientemente designado interventor —quien asumió el cargo tras la destitución del Dr. Diego Spagnuolo, acusado de presunta malversación de fondos—, pero el personal de seguridad le negó el acceso, impidiendo la entrega del documento.
Esta negativa constituye una clara violación al derecho constitucional de peticionar a las autoridades, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) y los principios de transparencia y participación ciudadana que rigen el accionar de la administración pública.
Todos los organismos del Estado tienen la obligación de recibir notas, reclamos y presentaciones de la ciudadanía o de sus organizaciones representativas.
🔹 Asamblea, reclamo y respuesta insuficiente
Ante esta situación, se realizó una asamblea pública en la que distintos actores expresaron su preocupación y propusieron nuevas medidas de lucha frente al abandono total del Gobierno Nacional.
De manera pacífica, sin incidentes ni infiltrados, la gran mayoría de los presentes ingresaron al edificio de la ANDIS para hacer oír un reclamo legítimo y justo: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y trabajen para la ciudadanía.
Finalmente, Vilches —que se encontraba dentro del organismo— recibió a los representantes de los prestadores ante el Directorio, el Prof. Daniel Lipani (titular) y el Pbro. Pablo Molero (suplente).
La reunión se extendió durante aproximadamente una hora.
Al salir, y ante la presencia de medios nacionales, Pablo Molero expresó:
“No tenemos buenas noticias. Vilches nos comunicó que está pensando si habrá o no reunión de Directorio la próxima semana; dijo que trabajará para ello, pero que seguramente será después de las elecciones.
No confirmó aumentos, y tampoco quiso recibir la nota, argumentando que no le parecía adecuado hacerlo en estas circunstancias. Él mismo reconoció haber levantado la reunión y rechazado el documento.”
📄 Acceder a la nota que Vilches se negó a recibir
🔹Nuestra posición
Desde Aiepesa, como miembros del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos mantenemos en estado de alerta, en diálogo permanente con nuestras organizaciones miembro, para evaluar los próximos pasos y acompañar las decisiones que tomen los prestadores y trabajadores del sector, en defensa de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
A los funcionarios públicos les decimos claramente: la plata está. Hacernos esperar hasta después de las elecciones es una extorsión inaceptable, de la que no seremos parte.
El colectivo de la discapacidad se mantiene firme, con convicciones, dispuesto a seguir luchando contra la corrupción, la inoperancia y el abandono.
