Novedades | Situación de las personas con discapacidad y la política en discapacidad en la Argentina


Miércoles 18 de Noviembre de 2020

Desde hace más de 35 años que trabajamos junto a las personas con discapacidad, compartiendo con ellas, sus familias y organizaciones de la sociedad civil la lucha  por el empoderamiento , la defensa y el ejercicio de los derechos de este colectivo social, y vemos  con mucha preocupación la actual situación
 

Durante muchos años las personas con discapacidad en la Argentina estuvieron enmarcadas y  sesgadas por la falta de acceso a un ejercicio pleno a la ciudadanía y limitadas por el marco  cultural social a un lugar de exclusión, lo que implicó una invisibilización de la problemática de  estas personas y, aún más complejo, de los cuerpos reales, la presencia, la circulación de  personas con algún tipo de discapacidad y poder acceder a la salud, la educación y el trabajo  de acuerdo a sus posibilidades.
 
En los últimos 25 años hemos sido actores en un cambio de paradigma que el ejercicio  democrático, la participación y la pelea por los derechos hizo virar en 180 grados y somos  artífices de un lugar distinto donde resta un largo camino por recorrer, aunque hoy nos ocupa  el no retroceder en ese derrotero que nos lleva inexorablemente a un lugar inclusivo por  decisión propia de los protagonistas y por una cuestión elemental de derechos humanos.

La Argentina, frondosa en legislación nacida y promovida por los actores sociales del campo de  la discapacidad (personas con discapacidad, familias, profesionales y organizaciones de y para  personas con discapacidad), crea una columna vertebral en derecho a través de la sanción de  las leyes 22.431, 24.901 y 26. 378. Cada una de ellas marca un hito en el recorrido inclusivo de  las personas con discapacidad en nuestro país, con un correlato en las provincias y cada uno de  sus municipios. 

La particularidades de nuestro medio social construyeron que una ley (la 24.901) que garantiza  el acceso a las prestaciones de manera transversal a todas las clases sociales garantizando  atención y educación igualitaria, que conjuga también el accionar del estado y la sociedad civil  como ninguna otra en nuestro medio. La mencionada ley se convirtió en una herramienta fundamental para el  acceso a los derechos básicos de toda persona ciudadana con discapacidad en nuestro país. Así, desde hace más de 20 años hay una política pública estatal  alrededor de su aplicación a pesar de los gobiernos. La legislación ha posibilitado también la visibilización y respuestas a las  personas con discapacidad en  sus necesidades y realidades y, en este  sentido, las organizaciones e instituciones prestadoras de servicios  alientan y promueven el  ejercicio de derechos en un camino directo a la inclusión  social de este colectivo de personas.

Es una extraña situación para muchos que tienen la mirada sesgada por el prejuicio y la  economía de mercado que una ley de prestaciones funcione como garantía de acceso a los  servicios y al mismo tiempo como un estandarte en la lucha por los derechos. En esto, consideramos, aplica  el origen fundacional  y  la esencia de la construcción del Sistema Único de atención a personas con discapacidad; que se sostiene en la lucha de las familias que tienen un miembro de ella con alguna discapacidad y  que desde un lugar fundante pelean por el derecho de igualdad de oportunidades y que  nuestra sociedad pueda incluirlos. Junto a ellas, las organizaciones religiosas y profesionales, que con mirada humana y vocacional, intentan albergar la singularidad del otro con discapacidad que los sistemas educativos y de salud dejan afuera.

Ese ADN que hace a la esencia del Sistema Único de prestaciones básicas para personas con discapacidad (Ley 24.901) se convierte entonces, con el complemento de la adhesión a la Convención de los derechos de  las personas con discapacidad a través de la Ley 26.378 sancionada en el año 2008 en nuestro  país, en una política pública en derechos en la Argentina y la garantía de acceso a los servicios  como un puente a la inclusión social.
 
En la actualidad, la construcción política en la Argentina en los mismos 25 años de construcción  de legislación en discapacidad, se tiñó de actores sociales que piensan lo público de un lado de  una gran grieta construida por ellos mismos y en beneficio propio. La salud y atención a  personas con discapacidad vista como un gasto ya no es hegemonía de gobiernos de corte  liberar o neoliberal. La temática de los derechos de las personas subyace en gobiernos que  cambian, pero en prejuicios y falta de respuestas que permanecen. Nuestra realidad como  sociedad es compleja aun sin tener una discapacidad; pero lo es doblemente teniéndola  porque la urgencia siempre apremia y las prioridades son siempre políticas y no sociales, ni de  personas, ni de distribución o equiparación. Son solo de oportunidad política. 

En Argentina hoy nos encontramos frente a una pandemia que acelera procesos y precipita  crisis de las que no están exentas las personas con discapacidad y las instituciones que les  prestan servicios con las implicancias para la calidad de vida, la atención, la educación y el  porvenir de una persona con discapacidad en la Argentina.
 
La esperanza de atravesar los proceso de gobierno de los últimos años sin un sistema  prestacional y de derecho destruido se va apagando en la lectura de un contexto de realidad  que arrastra ya casi un año; en un porcentaje atípico de normalidad de solo algunos meses y el  resto subsumido en  una pandemia y un gobierno que no termina de brindar señales para  defender los sistemas de atención a personas con discapacidad. Así muestra una actualidad  compleja que no cambió lineamientos de fondo en relación a las políticas como las de  transporte de personas con discapacidad, planificación estratégica de promoción, ni tampoco  cambió de rumbo en el ajuste iniciado por la anterior administración; sigue sin tomar  decisiones en relación a la promoción de la vida independiente, entre otras cuestiones, y  pareciera hondar en una política de desfinanciamiento que lleva al quebranto a los servicios de  atención a personas con discapacidad.
 
• El contexto evidente de la acefalía de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) que impide su pleno funcionamiento.

• Los intentos de recortar la participación de la sociedad civil a través de propuestas  elaboradas en el Consejo Federal de Discapacidad, organismo asimétrico donde la  mayoría gubernamental interfiere con la participación de la sociedad civil en términos  de equiparación y participación en las decisiones, que intentan interferir con la  representación de la sociedad civil en el Directorio del Sistema Único, órgano rector  del sistema de prestaciones básicas. 

• Las reuniones que se dan entre miembros de organismos gubernamentales por fuera  del marco del Directorio para acordar decisiones que a este le competen. 

• Que el Directorio del Sistema Único no se reúna porque la acefalía de la ANDis hace  que no tenga poder para convocar su interino, ni para presidir como lo marca la  reglamentación de la ley.

• Que se reitere desde el inicio del gobierno la gravedad de la situación de los  dispositivos institucionales, profesionales, transportes y servicios que son esenciales  para las personas con discapacidad y que este no responda con un aumento  imprescindible de aranceles. 

• Que el obstáculo a vencer para dar sustentabilidad al sistema de atención a personas  con discapacidad sea un concepto de gasto recortable emanado desde las  organizaciones sindicales, algunos funcionarios de la Sssalud y el ministerio de Salud,  que deberían priorizar la cuestión de derechos, algunos de ellos heredados  funcionarios políticos de administraciones anteriores.

• Que el retraso histórico en los aranceles de las coberturas sea un récord desde la  sanción de la mencionada Ley. 

• Que el actual responsable a cargo de la ANDis diga en el parlamento que el programa  Incluir Salud, dirigido a los más vulnerables no tiene deudas. 

• Que la medicación y los insumos destinados a personas con discapacidad del Programa  Incluir Salud no lleguen a sus destinatarios y que su responsable diga que no es su  responsabilidad.

• Que ante esta situación sólo se otorgue un aumento del presupuesto nacional para el  área de un 33 % y que sólo en términos de inflación proyectada sea del 42 %, lo que se  transforma en una importante porcentaje desinversión en el área.

• Que el PAMI como organismo financiador y fundamentalmente parte de la historia  base del sistema único a través del Proidis, permanece varios meses con su  subgerencia de discapacidad acéfala e inoperante. 

• Que se mantengan deudas con prestadores, siendo la punta del iceberg que no  reconoce la labor de los transportistas como parte de un sistema que garantiza el  acceso a derechos. 

• Que el tema de las pensiones que benefician a personas con discapacidad, entre las primeras promesas a resolver,  de la actual gestión desde la Andis sigue sin terminar de resolverse. 

Todas estas preocupaciones nos convocan en principio para llamar la atención de los  funcionarios responsables, pero también para corregir el rumbo que hace a una cuestión  esencial como la promoción de un colectivo social que lucha por la inclusión y sus derechos en  el ejercicio de ciudadanía. 

Comisión Directiva AiepesA
 

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