Novedades | Respuesta a la estimación de costos del Ministerio de Salud


Lunes 17 de Abril de 2017

En el mes de febrero, el Ministerio de Salud realizó una “Estimación de costos de prestaciones básicas para personas con discapacidad Ley 24.901”. Desde AIEPEsA, junto a otras ONGs que nuclean a instituciones que trabajan junto a personas con discapacidad, nos oponemos a su contenido y solicitamos la impugnación y nulidad del documento. A continuación, las razones de esta decisión.

 

En la “Estimación de costos de prestaciones básicas para personas con discapacidad Ley 24.901”, presentada por el Ministerio de Salud de la Nación, se despliegan una serie de afirmaciones, deducciones, omisiones, ausencia de documentación y datos respaldotorios, entre otras graves irregularidades, que hacen falaces los datos allí volcados ya que no responden a la real estructura de costos de los servicios nomenclados de las Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad. 

Este documento, afecta los derechos de las personas con discapacidad porque no responde a la realidad, el funcionamiento, la calidad y sustentabilidad que exige el Marco Básico de funcionamiento de las instituciones, regulado por la Resolución 1328/06 y  las normas conexas, como la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los convenios laborales sectoriales, las normas provinciales y municipales, etc.
 
Desconociendo la intencionalidad final de este estudio de costos y la grave implicancia que puede tener la utilización de datos apócrifos que afecten en el financiamiento de las prestaciones, las ONG's que representamos a instituciones que trabajan junto a personas con discapacidad solicitamos la impugnación del mismo.

Un documento público debería reflejar y acreditar un hecho con datos concretos y sustentables cumpliendo la exigencia que la ley requiere. Los graves defectos de forma y la inconsistencia que observa ya desde los datos presentados en las tablas, dan cuenta de las abismales diferencias y arbitrariedades que sólo parecieran estar orientadas a manipular los datos y cifras en función de fines ajenos a los que están orientadas las prestaciones en relación a sostener y mejorar la calidad de los servicios, que siempre redunda en la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas.

Es importante destacar que existen antecedentes reales de estudios de costos que sí responden a la realidad de los servicios. El más importante es el elaborado en el año 2006, que fue ratificado por los organismos gubernamentales y los representantes de las organizaciones, en el marco de la Comisión designada a tal fin por el DSU. El mencionado en el informe del año 2014, que nunca se hizo público, tiene el mismo origen unilateral que el expuesto en febrero de 2017. De aquí que el fundamento del presente es absolutamente inconsistente.
 
Por todo esto, AIEPEsA y las organizaciones solicitamos la impugnación y nulidad  del documento “Estimación de costos de prestaciones básicas para personas con discapacidad Ley 24901”, debido a que sus datos no responden a la realidad de la normativa vigente.

 

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