Novedades | Presentación ante los candidatos presidenciales


Miércoles 14 de Octubre de 2015

Las organizaciones integrantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad confeccionaron un informe que fue  presentado ante los diferentes partidos políticos. En el mismo, además,  se hizo un pedido de reunión para poder informar a cada uno de los candidatos sobre la problemática que están sufriendo las instituciones que trabajan junto a personas con discapacidad.
 

DOCUMENTO SOBRE ALGUNAS CUESTIONES EN ORDEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLITICA DE ESTADO DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
 

Considerando:

Que la legislación nacional y los convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos referidos a las personas con discapacidad y a su promoción social y humana exigen una clara acción en favor de su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
 
Que hace al desarrollo pleno de la sociedad democrática la efectiva igualdad de derechos, la inclusión plena a todos los ámbitos de la sociedad  y la eliminación de todas las restricciones para su participación así como las formas de invisibilidad, discriminación y exclusión de las personas con discapacidad.
 
Que en la actualidad la población de personas con discapacidad asciende al 12 % de la población total de la República Argentina según el Censo 2010, esto es aproximadamente 3.200.000 personas. A esto se debe incluir a las familias en cuyo seno hay una persona con discapacidad que requiere su atención y cuidado. Estamos hablando de un colectivo cercano a un cuarto de la población del país. 
 
Que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, agrupan a sus familiares o les brindan atención integral, han logrado crecer en representación y en capacidad de llamar la atención sobre la injusta situación que viven las antedichas persona.
 
Que en esta lucha afrontaron las situaciones que son comunes a los movimientos sociales de afirmación de derechos, incluida la incomprensión de sectores de poder y en una oportunidad la represión en tiempos democráticos.
 
Que así por negación del derecho, insensibilidad o indiferencia, a pesar de los esfuerzos de ciertos funcionarios y el destino de recursos económicos, no se llegó a implementar una política integral en toda la extensión de nuestros país capaz de garantizar a las Personas con Discapacidad la plena accesibilidad a la ciudadanía y a partir de esta perspectiva de derechos humanos, la integración a la sociedad en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
 
Que el crecimiento en esta temática que se haya logrado en nuestro país, hasta el día de hoy, no alcanza para transformar las injustas situaciones que tiene que enfrentar la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias y que son muchos los pasos que aún hay que dar para que ellas logren una vida independiente y que los tenga como miembros partícipes del desarrollo social.
 
Atendiendo a estas circunstancias y con el propósito de enmendar omisiones del pasado y dar pasos aún más concretos hacia una realidad donde la igualdad de oportunidades sea una realización más que una proclamación, solicitamos  consensuar y concretar políticas de estado de acuerdo con los siguientes criterios y principios de acción y a trabajar por su concreción desde el rol que les asigne el voto popular:
 
1. Reconocer el carácter de sujeto pleno de derechos a todas las personas con discapacidad. Ninguna deficiencia puede justificar privarlas de su condición de ciudadanos con igualdad de derechos y obligaciones (Art. 29 CDPcD), asegurando también que las personas con discapacidad puedan acceder en tiempo y forma al certificado de discapacidad. 

2. Garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, como miembros de la sociedad argentina, vivan como ciudadanos en igualdad de derechos y obligaciones (Art. 3, 4, 5, 6 y 7 CDPcD). 
3.- Detectar todas las restricciones que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y que dificultan su plena participación en las actividades de la sociedad, con el objeto de tomar las medidas necesarias para eliminarlas. (Art. 8 CDPcD)
 
4. Reconocer que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan o trabajan en este campo, deben desempeñar una función activa en el proceso de inclusión plena y deben ser convocadas a participar en todo aquello que tenga ver con su realidad. Por este motivo es necesario mantener una comunicación permanente con las mismas y asegurar su participación en la elaboración de las políticas públicas, en su gestión y evaluación. Así también asegurar la adecuada formación de los funcionarios que participen en esta área (Art. 29 CDPcD).
 
5. Tener en cuenta, de manera especial, a las personas con discapacidad que más sufren una situación de vulnerabilidad (pobres, inmigrantes, aborígenes, ancianos, etc.) (Art. 11 y 28 CDPcD)
 
6. Trabajar para que las personas con discapacidad permanezcan preferentemente en sus comunidades locales y reciban el apoyo adecuado que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales. Lo que requiere el funcionamiento efectivo de equipos técnicos, estructuras y/o centros de atención a nivel local y/o provincial (Art. 24, 25, 26 y 27 CDPcD).
 
7. Asegurar la prevención de todas las formas de discapacidad, la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, atención de la salud, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios de apoyo que permitan asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad (Art. 26  CDPcD).
 
8. Garantizar la Ley 24.901, Ley de Prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad, por parte del Estado con respecto a las personas con discapacidad sin cobertura social y por parte de las Obras Sociales Nacionales y demás organismos obligados. Que se haga conocer a la población sus derechos y se creen los equipos de asesoramiento y acompañamiento previstos en dicha Ley.
 
Asegurar por parte de los organismos nacionales y obras sociales obligadas por la Ley 24.901 a realizar los ajustes arancelarios que se requieren, así como  la continuidad y regularidad en los procedimientos de facturación y pago de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad así como la puesta al día con los atraso en los pagos, para garantizar la calidad de la atención de las prestaciones que estas reciben.
 
Reformulación de los convenios establecidos con los gobiernos provinciales para las prestaciones de salud de los afiliados al Programa Incluir Salud, en relación con la atención medica, suministro de ortesis y prótesis, provisión de medicamentos, pañales, etc. para que efectivamente lleguen a los beneficiarios,  que son en su mayoría  personas con discapacidad en situación de pobreza. Se deben evaluar los recursos humanos, financieros y mecanismos para la implementación en cada provincia, dado el crecimiento sustantivo que el mismo ha tenido en los últimos años.
 
Reconocer que las personas con discapacidad que cuentan con una pensión no contributiva y están afiliadas al PAMI  sean consideradas y tratadas como todos los afiliados del Instituto, tanto en las prestaciones que se les brindan como en los procedimientos de facturación y pago de las prestaciones que reciben, dejando sin efecto la discriminación actual.
 
9. Reconocer la importancia global de las disposiciones de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad, estableciendo programas de acción para que el entorno físico y el transporte público sea accesible, adoptando medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación (Art. 9 CDPcD).
 
Que se garantice el acceso al transporte público de pasajeros teniendo en cuenta la normativa vigente.
 
Que se quite la exigencia de que el trámite para la obtención del boleto gratuito de larga distancia tenga que ser realizado con 48 horas de anterioridad (Decreto 38/2004).
 
Que se supriman los cupos para personas con discapacidad y acompañantes establecidos y que también se aplique la gratuidad del pasaje a los servicios de cama y semicama (Decreto 118/2006)
 
Que se establezca un cronograma para dos años que considere la forma en que las empresas de transporte van a ponerse el día con la deuda de unidades accesibles que tienen.
 
Se implemente un Comité de Monitoreo con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
 
Que los planes de inversión de obras públicas incluyan la temática de la accesibilidad urbana, arquitectónica, comunicacional, para lograr la real equiparación de oportunidades (Ley 24314).
 
Implementación  de la tecnología  disponible que permita el acceso de las personas con discapacidad  auditiva y visuales a los medios audiovisuales (CDPcD).
 
Presencia de intérpretes en Lengua de Señas Argentina en los organismos públicos.
 
10. Promover la inclusión en niveles educativos convencionales contando con recursos profesionales, técnicos y edilicios apropiados, que faciliten las oportunidades a todas aquellas personas que hayan decidido estudiar en los mismos.
 
Reconocer que la enseñanza especial es también una forma apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con discapacidad que así lo requieran. Llevar adelante una política educativa en educación especial que asegure el nivel necesario para la formación pedagógica integral, teniendo en cuenta las características específicas de cada alumno (Art. 24 CDPcD) (Art. 42 Ley Educación Nacional).
 
11. Declarar que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y a desempeñarse en la administración pública (pleno cumplimiento del cupo mínimo del 4% en la administración pública, en empresas privatizadas y en las que prestan servicios públicos - Ley 22431 y de la Ley 24308 de pequeños comercios para personas con discapacidad en los organismos arriba citados) y a acceder a un empleo productivo y remunerado en el mercado abierto sin otro requisito que la idoneidad. Promover su capacitación y estimular a los empleadores a que hagan ajustes razonables para posibilitar su cabida. En el caso de las personas con discapacidad que no puedan desempeñarse en el mercado abierto, se promoverá el empleo protegido.
 
12. Asegurar las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del derecho al “ingreso ciudadano”, para las personas con discapacidad.
 
13. Promover la plena participación de las personas con discapacidad en la vida en familia, y velar para que la legislación no establezca discriminaciones contra ellas en lo que se refiere a la vida matrimonial (Art. 23 CDPcD).
 
14. Tomar medidas que aseguren que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades en todas las dimensiones de la sociedad.
 
15. Garantizar que las cuestiones relativas a la discapacidad se incluyan en todas las actividades y normativas de planificación y de indagación de la realidad social. Y también en los presupuestos ordinarios de todos los órganos de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal.
 
16. Jerarquizar la tarea de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con discapacidad, del Consejo Federal de Discapacidad, de los Consejos Provinciales y Municipales y de los Observatorios que se creen, dándoles los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones y respetándoles un lugar ante la instancia superior del respectivo gobierno. Propiciar el fortalecimiento de los Consejos Municipales y su creación donde no los haya. (Observaciones del Comité de Discapacidad de ONU, septiembre de 2013)
 
17. En síntesis, que las personas con discapacidad puedan crecer, recibir un tratamiento acorde con su necesidad, educarse, trasladarse, participar en las actividades de su entorno, poder tener una familia y trabajar, en suma realizar y participar de todas aquellas actividades que las dignifiquen como personas.
 
18. Que el Señor Presidente de la Nación propicie un encuentro con los Señores Gobernadores a fin de abordar la temática de las personas con discapacidad y decidir una política de estado sobre esta realidad junto con las organizaciones representativas del sector.

Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos - AIEPESA; Arzobispado de Buenos Aires (Comisión para las personas con discapacidad); Asociación Ayuuda al Ciego - ASAC; Asociación Transportistas y Amigos de Eduación y Capacidades Distintas - ATAECADIS; Cámara de Entidades Médico Asistenciales para la Rehabilitación Interdisciplinaria de la Discapacidad - C.E.M.A.R.I.D.; Consejo Argentino para la Inclusión de las personas con discapacidad - CAIDIS; Federación de Entidades pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual - FENDIM; Asociación Argentina Pro Hogares y Promoción del Discapacitado Monseñor François - HODIF; Obra Don Orione. 

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