Novedades | Pablo Molero sobre los dichos del diputado Martín Lousteau


Lunes 12 de Noviembre de 2018

Buenos Aires, Noviembre de 2018.
 
Sr. Diputado de la Nación
Martín Lousteau
Presente
 

Desde el año 1991 estoy en relación muy directa con la temática de las personas con discapacidad como sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Habiendo escuchado sus palabras en la Cámara de Diputados sobre las pensiones por invalidez le expreso lo siguiente:
Es preocupante que en su condición de Diputado de la Nación, que representa a todos los habitantes, hable con tanta liviandad sobre el tema de las pensiones no contributivas por invalidez y las personas con discapacidad. 
Hizo referencia a que en Uruguay hay 20.000 personas con pensiones por invalidez, pero el Boletín del Instituto de Seguridad Social del Uruguay dice que en Diciembre de 2017 había 84.564 pensiones por invalidez y vejez. Las planillas dan un solo dato, no distinguen tantas por invalidez y tantas por vejez..
 
Además dijo que si Uruguay, que tiene 3.500.000 de habitantes, hay 20.000 pensiones, en Argentina tendría que haber entre 200.000 o 250.000. Pienso que para estimar este número partió que en nuestro país somos 12,5 veces más habitantes que el vecino país y por lo tanto tendríamos que tener alrededor de ese número.
 
Esta afirmación puede ser cierta desde su perspectiva, pero resulta que en el año 2010 Uruguay informó que la población de personas con discapacidad era del 7,6% de los habitantes, según su Censo del 2010, y nuestro país por el mismo instrumento estableció un 12,9%. Esto nos tendría que hacer pensar que hay mucha más gente con posibilidad de tener una pensión por invalidez que el sólo cálculo de que somos 12,5 más habitantes.
 
Desde este razonamiento debería haber en nuestro país unas 500.000 pensiones.
 
Pero si además consideramos que Uruguay tiene un 5,2% de pobreza y nuestro país el 30%, y que este número crece cuando se refiere a las personas con discapacidad, tenemos casi 6 veces más posibilidades de que alguien esté en condiciones de acceder a la pensión si aplicáramos los criterios que ese país. Por lo tanto daría la cantidad de 3.000.000.
                               
Usted dijo que en nuestro país hay 800.000 personas que no tendrían que tener la pensión, porque no hubo una guerra que justificara dicha cantidad de personas con incapacidad laboral, con una discapacidad severa. Dijo esté número es lo que suman los muertos de EEUU, Polonia, Países Bajos, Reino Unido y Grecia. Creo que funcionarios y comunicadores han tomado esta imagen para hacer pensar a la población que es un número abusivo. 
Sobre qué ha pasado en nuestro país le envío un escrito que hemos preparado varias personas.
 
Pero ahora me centro en los datos que Ud. ha afirmado tan enfáticamente. Simplemente fui a Internet:
 
Primera fuente (Wikipedia) 
Soldados muertos (Grecia, 20.000 / Reino Unido, 370.000 / Países Bajos, 21.000  / Polonia, 120.000 / EEUU, 174.000): 705.000
Civiles muertos (Grecia, 80.000 / Reino Unido, 60.000 / Países Bajos, 112.000  / Polonia, 3.500.000 / EEUU, no estaba el dato): 3,752.000 
Segunda fuente (www.lasegundaguerra.com) 
Grecia, 250.000 / Reino Unido, 450.000 / Países Bajos, 200.000 / Polonia, 5.600.000 / EEUU, 500.000: 7.000.000 
Tercera fuente (www.historiasiglo20.org) 
Soldados muertos (Grecia, 19.000 / Reino Unido, 403.000 / Países Bajos, 13.700 / Polonia, 597.000 / EEUU, 407.000): 1.439.700
Civiles muertos (Grecia, 140.000 / Reino Unido, 92.700 / Países Bajos, 236.000 / Polonia, 5.860.000 / EEUU, 6.000): 6,334.700 
No soy quien para juzgar estas fuentes. Hay autores que dan números más elevados en referencia a algunos países. Estos datos superan lo afirmado por Ud. Si se habla de rigurosidad, comencemos también por lo que se dice.
Al hablar de cómo creció el número hay que tener en cuenta que se tuvo un criterio más amplio durante la administración Kirchner-Fernández. Sobre esto también puede leer lo que hemos escrito en el documento que le adjunto.Uruguay dirige sus pensiones a dos destinatarios tipos de beneficiarios: personas con discapacidad común y en situación de carencia de recursos para hacer frente a sus necesidades vitales y personas con discapacidad severa. Nuestra norma escrita se dirige a uno de sus beneficiarios (Personas con incapacidad laboral, podríamos compararlas con las personas con discapacidad severa). El criterio más amplio que se aplicó se refiere al otro destinatario (Personas con discapacidad común que no cubre sus necesidades vitales). Por lo tanto si se aplicara su criterio más amplio, nosotros no estamos desubicados con respecto a quién se le otorgado una pensión.
En referencia a la situación de guerra que nuestro país no ha tenido, le ruego que lea el escrito que acompaña esta nota. No hubo guerra, pero hemos tenido desde hace muchos años y continuamos teniendo un  alto porcentaje de la pobreza y de desnutrición. Esta, como una plaga silenciosa que destruye, mostró su efecto devastador en 2001 con la muerte de niños. Hoy lamentablemente seguimos teniendo en nuestro país este flagelo. 
Ya que habla de ser rigurosos porque no parte de lo que el Censo 2010 mostró (5.114.190 de personas con discapacidad) o los datos relevados por el Indec en 2018 (3.571.983, sin contar a los niños de 0 a 5 años). Alguien puede criticar si el Censo es un medio válido para saber cuántas personas con discapacidad hay en el país, pero ya que se lo toma para diagramar otras cosas y nadie lo pone en duda, porque no lo toman quienes piensan hablar de este tema y evitar hacer consideraciones al voleo. 
Si no lo quiere tener en cuenta porque considera que depende de la opinión del que responde, entonces le propongo tomar la cantidad de personas con discapacidad que tienen el Certificado Único de Discapacidad (1.225.190). Pero tengamos en cuenta que también hay otras personas que tienen certificada su discapacidad con las formas anteriores para registrarla.
 
También le quiero decir que en el 2007 no había 180.000 personas con pensiones por invalidez, sino 230.847 según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esto estaría a favor de su razonamiento, pero va en contra de la seriedad de los números que Ud. dice manejar. Aunque también y más cercano a sus datos, se plantea en base a los datos de la ejecución financiera del presupuesto del Ministerio de Hacienda de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad, que en ese año había 197.575.
 
Finalmente me pregunto qué pasa hoy en la Argentina que de pronto funcionarios, diputados, comunicadores, que nunca antes se habían ocupado de la realidad de las personas con discapacidad, aparecen hablando de ellas, pero en referencia a que son un gasto que no se puede sostener. Nunca he visto poner tanto énfasis para tratar este tema en referencia a las oportunidades que nuestro país tiene que ofrecerles para que puedan desarrollarse plenamente y poder trabajar, si lo pudieran hacer, para el bien común. 
Si este escrito se ha centrado en sus afirmaciones, no sólo las referidas directamente a las personas con discapacidad, es porque me parece que es tiempo que quienes hablan sobre este tema sean más serios en sus afirmaciones y salir a cuestionar una actitud que pone en tela de juicio ante la sociedad a una población sobre la que tantos perjuicios existen. Las afirmaciones como las suyas siembran en muchas personas la duda sobre lo que se hace en favor de ellas. Quedo a su disposición para cualquier aclaración.
Pbro. Pablo Molero                                                                   
 
 

 
 
 
 
 

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